El dictador
Jorge Rafael Videla recibió 50 años de prisión. Las penas fueron bajando hasta
los cinco años que recibió la apropiadora de Francisco Madariaga. El tribunal
dio por probado el plan sistemático y los secuestros de los niños aún no
encontrados.
(Fuente: Página
12 - Alejandra Dandan)
Y el día
llegó. La Justicia
dio por probado que la existencia de una “práctica sistemática y generalizada
de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad” en “el marco de un
plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil,
con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo
de Estado durante los años 1976
a 1983 de la última dictadura militar”. Esa definición,
pendiente desde el Juicio a las Juntas de Comandantes que no lo había dado por
probado, reclamada durante más de 36 años por las Abuelas de Plaza de Mayo y
por los nietos identificados, la dijo ayer la presidenta del Tribunal Oral
Federal 6, María del Carmen Roqueta, en la sentencia del juicio por el robo de
bebés. El dictador Jorge Rafael Videla recibió la pena histórica de 50 años de
prisión, que se da por primera vez, por haber organizado esa práctica. El
tribunal condenó además a otros ocho represores, entre ellos a Reynaldo
Bignone, Santiago Riveros y los marinos Antonio Vañek y Jorge “El Tigre”
Acosta. Los jueces imputaron a los acusados por los casos de los niños que aún
están desaparecidos, es decir, dieron por probados sus secuestros y entendieron
que el delito continúa. También impulsaron una investigación sobre el
emblemático vicario castrense Emilio Graselli y dispusieron la rectificación de
las partidas de nacimiento. “Es un día memorable para la Argentina y para todo el
mundo civilizado que sabe que en un país donde no hay justicia, no puede haber
democracia. Y acá la estamos haciendo entre todos”, señaló Estela de Carlotto,
presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
La sala de
los tribunales de Retiro estaba en silencio. Frente a la línea de acusados, el
blazer azul de Videla, el poncho de Bignone, la chalina de Riveros, se ubicó a
las 18.18 Roqueta, seguida por los jueces Julio Luis Panela, Domingo Altieri y
Pedro García de la
Torre. Roqueta leyó poco después el artículo en el que por
primera vez aparece definido legalmente el robo de niños como sistema. La sala
escuchó. Luego leyó el nombre de Videla, los nombres de sus víctimas y llegó a
la condena. Cuando leyó el monto de la pena, los 50 años pedidos por todas las
querellas y la fiscalía de Martín Niklison, un número que pareció en ciertas
ocasiones imposible, ahí, sí, se escuchó un suspiro colectivo en forma de
alivio.
“Tengo una
mezcla de sensaciones”, dijo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza
de Mayo apenas se levantó de la sala. “Porque por un lado celebro la condena de
50 años para Videla, lo cual se da por primera vez, y está el reconocimiento
explícito y claro de la
Justicia de que hubo un robo sistemático de niños y se
condena al responsable emblemático. Pero por otro, las demás penas fueron más
livianas de lo que esperábamos, aunque los abogados tienen su explicación,
todavía podremos verlas.”
Estela se
sentó al lado de Francisco Madariaga, que llevó a juicio a sus apropiadores
Víctor Gallo y Susana Colombo. Detrás estaba Abel Madariaga, su padre, el único
padre sobreviviente de los 35 casos revisados durante el juicio. Atrás y
adelante estaban Elsa Pavón con su nieta Paula Logares; Macarena Gelman, María
Victoria Montenegro, Rosa Roisinblit con su nieto Guillermo y Sara Méndez –la
única de esas madres que sobrevivió– pegada a su hijo Simón, ahora recuperado.
“Yo lloré
como una desgraciada, para serte sincera, porque fue la primera vez que escuché
que existía el nombre de mi hermana”, dijo, como pudo, Adriana Moyano, la tía
de Victoria Moyano Artigas, apenas se paró de su silla. “Treinta y cinco años
para ver la cara de los que vieron nacer y sostuvieron a nuestro sobrina”,
replicó al lado, Elsa Poblete. “Magnacco estaba ahí –dijo–: agarrando a mi
sobrina.”
El punto
más importante de la sentencia sin duda fue la definición del robo de niños. En
una fórmula compacta, precisa y muy cuidada, el tribunal desplegó lo que no
estaba dicho hasta ahora y a partir de ahora repetirá la Justicia. Después
de leer una serie de nulidades, Roqueta pronunció el punto ocho de su
sentencia: “No hacer lugar a los planteos de prescripción penal interpuestos
por las defensas –dijo y siguió– por tratarse los hechos juzgados de delitos de
lesa humanidad implementados mediante una práctica sistemática y generalizada
de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta,
alterando o suprimiendo su identidad en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición
o muerte de sus madres, en el marco de un plan general de aniquilación que
desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la
subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última
dictadura militar, artículo 118 de la Constitución ”.
No dijo
“plan”, pero dijo “práctica sistemática”, tal como lo habían sostenido la
querella de Abuelas de Plaza de Mayo y la fiscalía. Esa decisión había quedado
pendiente desde el Juicio a las Juntas, en el que se absolvió a Videla por
cinco de los seis casos que llegaron a juicio. Allí se consideró que ese
práctica sistemática no existía y que las apropiaciones eran casos “aislados”.
Las penas
Al lado de
Videla, el que recibió la segunda pena más alta fue el marino Antonio Vañek,
condenado a 40 años de prisión como responsable de la Armada. El resto de las
penas fueron más bajas de lo que se había pedido. Sin embargo, entre ellas,
hubo una escala más alta para los lugares de mando, los llamados “instrumentadores”
del plan: entre ellos, Acosta por la
ESMA , condenado a 30 años de prisión y Riveros por Campo de
Mayo, condenado a 20 pero juzgado sólo por dos casos.
Bignone
recibió una pena de 15 años de prisión, menos de los 50 que pidió la fiscalía.
Llegó a juicio por su participación en la última junta de comandantes, como
Rubén Franco. Los dos estaban acusados por la firma de dos resoluciones: la de
la autoamnistía y la que declaró la muerte de los desaparecidos, es decir
también de los niños. Las querellas se esforzaron en mostrar, durante el
debate, el documento con el peso y los efectos de cualquier otro acontecimiento
jurídico y penal. Por alguna razón que anoche aún no se conocía, el tribunal
condenó a Bignone pero absolvió a Franco.
Entre los autores
directos –los responsables de haberse quedado con los niños– se hallaron las
penas más bajas. Víctor Gallo y su ex mujer Susana Colombo, acusados por la
apropiación de Francisco Madariaga, recibieron 15 y 5 años de prisión.
Francisco lloró cuando Roqueta leyó la condena a Gallo, y luego volvió a
hacerlo cuando pronunció la de Colombo. La pena para Gallo fue más baja que la
que este Tribunal le había puesto a Víctor Rei por la apropiación de Alejandro
Sandoval (que fue de 16 años) y la pena sobre Colombo fue la mínima, un dato
que permite entender que los jueces tomaron aquello que ella argumentó durante
el juicio: que su silencio fue producto de la violencia de género.
El tribunal
anunció que dará a conocer los fundamentos de la sentencia el 17 de septiembre.
Allí habrá otros elementos para analizar. La condena a Videla es una de ellas,
de la lectura de ayer se desprendieron datos importantes para esta y otras
causas. Uno de ellos es que la acusación incluyó el caso de Macarena Gelman,
que nació en territorio uruguayo. La decisión es importante porque pese a que
hay antecedentes en el fallo de Orletti y de Arancibia Clavel, las defensas
alegaban que no podía incluirse porque la causa específica del Plan Cóndor
todavía no tiene sentencia.
El otro
dato, más fino jurídicamente, es que la acusación incluyó a niños que aún están
desaparecidos, entre ellos el hijo de Laura Carlotto y nieto de la presidenta
de Abuelas, y a Clara Anahí Mariani, la nieta de Chicha Mariani. Para los
abogados aparece una revisión de cosas que dejó escrita la Cámara Federal en
la causa 13 de 1985. Al descartar los casos que habían llegado a juicio porque
los niños no estaban, entendió que no había delito. “La defensa había usado
esos argumentos: dijo que no se sabe si están vivos y tampoco está probado que
estén apropiados, por eso una definición sobre eso a nivel jurídico y simbólico
es muy importante”, había dicho un día antes a Página/12 Alan Iud, del equipo
jurídico de Abuelas.
A la noche,
los ocupantes de la sala donde se habían realizado las audiencias durante un
año y medio se retiraban. Estela de Carlotto se chocaba con Mirta Guarino, que
llegaba de afuera. A Victoria Montenegro la agarraban las Abuelas de las filas
de adelante. Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, se
emocionaba con el juicio justo, legal, “jamás por mano propia”. En ese momento
pasó Elsa Pavón por la puerta de la sala. Chiquitita, abajo de la campera, como
pudo levantó el dedo pulgar de la mano derecha y así dejó la sala. “Tuvieron un
juicio justo en plena luz del día –dijo– y con toda la justicia y la ley que no
tuvieron los nuestros.”
En los
pasillos estaban todos. No se escuchó el Himno Nacional que los familiares de
los represores suelen ponerse a cantar en los finales de los juicios como si
fuese el escudo desde donde batallar. La Cámara de Casación habilitó una sala para ellos y
siguieron la sentencia a través de una pantalla. Afuera se amontonaban las
abuelas. Una de ellas le dijo a otra: “Misión cumplida”. Era Jorgelina Azzarri
de Pereyra, la madre de Liliana Pereyra, una de las mujeres cuya historia y
tránsito por la maternidad clandestina se escuchó en las audiencias. Una mujer
que, además, encontró a su nieto hace cuatro años, pero él aún vive con otra
identidad. “¿Por qué misión cumplida? Por los años de lucha, de pedir, de
elaborar, a medida que pasan los juicios, los hijos y los nietos van logrando
esto que es pedir justicia.”
Afuera de
los tribunales, con la noche cerrada y el frío, los organismos de derechos
humanos estaban acompañados por jóvenes de agrupaciones políticas y sociales.
Cuando los vio, más temprano, Isabel Fernández Blanco, una de las
sobrevivientes, decía: “¡Ya no estamos solos!”.
Los
condenados
- Jorge Eduardo
Videla, 50 años. Creyó que pasaría a la historia como presidente de facto, pero
las actuales enciclopedias lo definen como “dictador argentino”. Nacido en
Mercedes el 2 de agosto de 1925, podría postularse al Guinness por la cantidad
de condenas por delitos de lesa humanidad que está acumulando. Desde hace pocos
días ocupa el pabellón de detenidos por crímenes contra la humanidad de la
cárcel de Marcos Paz. Sus recientes últimas palabras concluyeron su ciclo de
exposición mediática y provocaron escozor cuando se permitió calificar a “las
parturientas aludidas por las querellas” como “activistas que usaron a sus
hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como
combatientes”.
- Antonio
Vañek, 40 años. Fue comandante de Operaciones Navales durante 1977 y parte de
1978, y luego fue jefe de Operaciones del Estado Mayor de la Armada. Además de
los testimonios de los sobrevivientes, fue acusado por los demás represores,
como el ex capitán Adolfo Scilingo, y por periodistas. La ESMA estaba bajo su mando
operativo. Los médicos navales Jorge Magnacco y Alberto Arias Duval señalaron
la asistencia que prestó a los partos que tuvieron lugar “dentro de la
clandestinidad de la ESMA ”.
Acosta refirió que las órdenes emanaban de Vañek. A fines de 1998, cuando fue
detenido, dijo que Emilio Massera había dado las órdenes para “luchar contra la
guerrilla”.
- Jorge
“Tigre” Acosta, 30. Se le ha retirado el cargo de capitán de fragata, era quien
tomaba las decisiones sobre tortura y muerte en la ESMA , y comandaba el grupo de
tareas 3.3.2. Fue quien decidió arrojar al río a las monjas francesas Alice
Domon y Léonie Duquet, y las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo Azucena
Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce. Entre los 82 delitos
que se le han probado están los secuestros de la familia Tarnopolsky, Nilda
Actis, Lisandro Cubas, Carlos García, Ricardo Coquet y la sueca Dagmar Hagelin.
En 1981 viajó a Sudáfrica para asesorar al gobierno del apartheid en la lucha
contrainsurgente. En 1998 se descubrió que tenía una cuenta secreta en Suiza,
que podría haberse usado para depositar el producto de los bienes sustraídos a
los detenidos-desaparecidos. Fue condenado el año pasado en la megacausa ESMA.
- Santiago
Omar Riveros, 20 años. Fue el primer militar en explicar el terrorismo de
Estado y afirmó que “no ha habido desaparecidos, sino terroristas aniquilados
en el marco de una guerra revolucionaria, y por tanto irregular”. Ex comandante
del Cuerpo IV del Ejército y ex comandante de Institutos Militares fue
condenado en Italia por la desaparición de tres ciudadanos italianos y, en
2006, cuando estaba procesado por delitos cometidos en el Plan Cóndor, la Justicia determinó que su
indulto era inconstitucional. En agosto de 2009 fue declarado culpable del homicidio
de Floreal Avellaneda, joven militante de la Juventud Comunista ,
cuyo cuerpo torturado apareció en las costas uruguayas.
- Reynaldo
Benito Bignone, 15 años. Otro genocida que anhelaba el bronce por su condición
de “último presidente de facto”. “Lo que tanto se mencionó de dar una lista de
los muertos a mi juicio hubiera sido un error trágico. Si el propio Estado da
por muerto a un individuo quiere decir que dispone de las pruebas para
afirmarlo. Después vendrían los interrogantes: ¿quién lo mató?, ¿dónde está el
cadáver?, ¿por qué lo mataron?”, razonó en su libro El último de facto,
incorporado como prueba en la etapa preliminar. Participó activamente del
derrocamiento de María Estela Martínez de Perón y, poco después del golpe,
ocupó el Hospital Posadas, que se convertiría en un campo de exterminio.
Bignone fue considerado un eslabón fundamental para garantizar la impunidad a
los ejecutores de la práctica sistemática de apropiación de los menores, por
haber firmado el Documento Final, que estableció la muerte de todos los
desaparecidos y la ley de autoamnistía.
- Víctor
Gallo, 15 años. Ex capitán del Ejército, ex miembro del Batallón de
Inteligencia 601 y ex carapintada. Durante el juicio dijo ser accionista de una
empresa de seguridad denominada Cooperativa Lince. En 1997 fue condenado a diez
años de prisión por robo calificado, tenencia de arma de guerra, privación
ilegal de la libertad y coacción. También estuvo involucrado en la masacre de
Benavídez. “Gallo decía que era una guerra, todo el tiempo hablaba del supuesto
enemigo, para él todos eran enemigos, todo el tiempo con odio, toda la familia,
con eso nos criaban”, dijo el apropiado Francisco Madariaga.
- Juan
Antonio Azic, 14 años. Suboficial principal retirado de la Prefectura y ex miembro
del grupo de tareas 3.3 de la
ESMA. “Un interrogador, un torturador”, lo definió el
sobreviviente de la ESMA
Carlos Lordkipanidse, a quien Azic le dijo cuando estaba en
la mesa de torturas, “si no hablás le reviento la cabeza contra el piso a tu
hijo”, que tenía apenas 20 días. Luego puso al pequeño Rodolfo sobre el pecho
de su papá y le aplicó picana. Se apropió de Victoria Donda y Carla Ruiz
Dameri, nacidas durante el cautiverio de sus padres en ese centro clandestino.
Fue condenado el año pasado a 18 años de prisión en la megacausa ESMA.
- Jorge
Luis Magnacco, 10 años. Era ginecólogo en el Hospital Naval y actuó como
autoridad médica en la maternidad clandestina que funcionó en la ESMA , donde la “pieza de las
embarazadas” era llamada “la pequeña Sardá” por los propios marinos. En 2005
había sido condenado a diez años por su participación en el secuestro de
Rodolfo Pérez, nieto de la
Abuela Rosa Roisinblit.
- Susana
Colombo, 5 años. Esposa de Gallo, dijo haber sido quien acompañó a Francisco
Madariaga por primera vez a Abuelas de Plaza de Mayo y, como parte de su plan
de defensa, se definió como víctima de sucesivas formas de violencia doméstica
de su cónyuge, a quien definió como un psicópata. Incluso dijo que temió que la
matara y que no recurrió a nadie porque lo único que sentía era miedo. Pero no
tuvo ninguna respuesta cuando le preguntaron por qué esperó hasta 2010 para
decirle que podía ser hijo de desaparecidos. “No tuve la partida de nacimiento
de los chicos, no elegía los nombres, nunca tuve la escritura de la casa, vivía
aislada en el barrio militar donde uno vive y se calla la boca”, fue su
descripción.
La voz de
los jóvenes que recuperaron su identidad
Manuel
Gonçalves Granada: Lo importante es que haya habido condenas, creo que eso es
la medida de que se termina la impunidad. Obviamente, siempre queremos que las
condenas sean las máximas, pero están condenados y quedó claro que hubo un plan
sistemático. Por eso fue un día histórico.
Victoria
Montenegro: Esto no nos pasó solamente a nosotros, sino a todo el pueblo
argentino. Pudimos avanzar en la justicia, pudimos probar que en la Argentina hubo un plan
sistemático de apropiación de bebés, que no les alcanzó con matar a nuestros
padres, sino que también tenían que quedarse con nosotros y criarnos como ellos
querían, pero gracias a las Abuelas, a las Madres, a los familiares que nos
buscaron siempre podemos estar acá. Quiero decirles a mis papás gracias por
soñar con tener un país mejor, gracias por darnos la vida, y gracias a las
Abuelas por devolvérnosla. Y Gracias a Néstor porque en el 2003 vino a rescatar
las historias de nuestros viejos.
Pedro Luis
Nadal García: Están presos, donde tienen que estar, eso es lo primero a decir,
aunque me quedé reflexionando sobre la condena a los apropiadores de Francisco
(Madariaga). La Justicia
es la que decide, pero creo que ellos merecían más por el daño que hicieron. De
todas maneras, aunque no habría condena suficiente para pagar el genocidio, es
un aliciente que se los haya condenado.
Sabino
Abdala: Esto es una reivindicación de la lucha de las Abuelas, después de 35
años. Por eso es un momento de mucha alegría. Pero también está mezclada la
angustia, porque todavía hay 400 hermanos que faltan recuperar y ellos siguen
negándose a decir dónde están.
Francisco
Madariaga: Por el lado de mis apropiadores –a él le dieron 15 años y a ella 5–,
me queda un sabor amargo, porque yo estuve privado de mi identidad durante 32
años y medio. En relación a que se demostró que hubo un plan sistemático de
robo de bebés fue satisfactorio. Así que estoy conforme por lo que significa
para la lucha de las Abuelas, y con un sabor amargo por el lado personal. Pero
fue gratificante poder escuchar la sentencia al lado de mi papá; a los dos
meses de que recuperé mi identidad también pude escuchar la condena por el
secuestro de mi mamá. Poder cerrar esa etapa judicial es reconfortante.
Mariana
Zaffaroni Islas: El juicio tiene significado no sólo en lo personal, sino
también en lo social. Para cualquier ciudadano, que acciones como éstas no
queden impunes representa una garantía. Aunque no se puede volver al estado
anterior, se siente la tranquilidad de que los responsables paguen.
Alejandro
Pedro Sandoval Fontana: Hace 30 años, los represores decían que las Abuelas
eran unas viejas locas que daban vueltas a la Pirámide y la sociedad lo
creía, pero gracias a su lucha interminable por buscarnos, la sociedad fue
descubriendo la verdad. Esta es una gran batalla ganada, no sólo por la
sentencia, sino porque hay una sociedad que comprende y apoya la lucha de las
Abuelas de Plaza de Mayo. Nos quedan otras batallas: saber dónde están los 400 hermanos
apropiados y encontrar los restos de los desaparecidos.
